Esta iniciativa busca fortalecer el marco institucional que garantiza el derecho efectivo de niñas y niños a recibir pensión alimenticia adecuada y oportuna por parte de quienes tienen la responsabilidad legal de proveerla.
Su propósito es consolidar mecanismos claros de cumplimiento que prioricen el interés superior de la infancia y refuercen la responsabilidad en torno a su bienestar material.
De manera complementaria, la propuesta contempla que el Estado establezca mecanismos que aseguren la continuidad alimentaria de niñas y niños en aquellos casos donde dicha obligación no se cumpla, reconociendo que la alimentación en la infancia constituye una base estratégica para la construcción de una nación fuerte y con capacidad productiva sostenida.
La garantía de la pensión alimenticia y la protección de la nutrición infantil fortalecen derechos fundamentales y consolidan condiciones estructurales necesarias para el futuro del país.
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